REVMEDUAS
REVMEDUAS; Vol. 16 No. 2 Abril-Junio 2026
ISSN 3122-4342
Lizárraga-Verdugo Erik1, Dorantes-Bernal Kimberly Estefanía2
*Autor de correspondencia: Dorantes-Bernal Kimberly Estefanía ke_db06@hotmail.com
DOI http://dx.doi.org/10.28960/revmeduas.3122-4342.v16.n2.001
Texto Completo PDFRecibido 30 de enero 2026, aceptado 19 de febrero 2026
La carga epidemiológica de la pérdida de visión funcional constituye uno de los mayores desafíos para la salud pública contemporánea. En México, la magnitud de esta crisis es alarmante y se encuentra en una tendencia ya que la prevalencia de ceguera y pérdida de visión pasó de 5.20 millones en 1990 a 14.15 millones en 2023, consolidándose como la tercera causa principal de discapacidad en el país. A pesar de su elevada morbilidad, la evidencia científica demuestra contundentemente que la mayoría de estas afectaciones son de naturaleza prevenible o reversible, siendo los errores refractivos no corregidos y la presbicia sus principales precursores 1,2.
Un punto a considerar es que los errores refractivos suelen ser subestimados, lo cual es preocupante a que pueden ser catalogados como patologías potencialmente discapacitantes. En México, los errores refractivos son causantes de más del 60% de los casos de pérdida de visión moderada y en más de 35% de la pérdida de visión severa. Por lo que resulta importante la implementación de un tamizaje diagnóstico rutinario, además de un seguimiento clínico que evitaría que una alteración tratable evoluciones hacia una limitación funcional severa y así disminuir la carga epidemiológica de la discapacidad visual1,2.
La necesidad de dar seguimiento adecuado a los errores refractivos cobra mayor relevancia al considerar los factores sociodemográficos del país. México enfrenta un acelerado envejecimiento poblacional, que actúa como un factor determinante en el deterioro visual 2,3. En este sentido, patologías como la presbicia tienen una prevalencia fuertemente asociada a la edad, afectando predominantemente a la población a partir de los 45 años2.
Sin embargo, resulta alarmante que, a pesar del incremento de la discapacidad visual, existe una baja proporción de profesionales de la salud visual. A nivel nacional se estiman 42.5 oftalmólogos, y una cantidad limitada de optometristas por cada millón de habitantes1. Estas limitaciones impiden el seguimiento sistemático de los pacientes con defectos de refracción, quedando susceptibles a progresar hacia estadios de discapacidad visual severa y ceguera.
A modo de conclusión, el abordaje sanitario de la ceguera y la discapacidad visual prevenible requiere de un cambio de estrategias para disminuir la carga. Las intervenciones enfocadas en proveer corrección óptica son una de las medidas más costo-efectivas en toda la medicina 3. Además, disminuir la evolución de los errores refractivos hacia la pérdida de visión severa puede ser posible a través de la integración robusta de la salud visual en el primer nivel de atención, así garantizando campañas de concientización y seguimiento a largo plazo, mejorando la calidad de vida y productividad de la población1,2.
Referencias